21 de junio 2010
José Manuel Pérez Marzabal, socio de ATI y abogado y consultor de esta firma, explicó la dificultad de enlazar las nuevas tendencias tecnológicas con los aspectos legales. En el marco de Internet existe un «conflicto entre, por un lado, la tecnología, y por otro, el diseño y la aplicación de las leyes: las normativas no se han diseñado para un entorno flexible». Como ejemplo paradigmático citó la Ley de Propiedad Intelectual. Según Pérez Marzabal, los legisladores mantienen una actitud «reactiva» hacia las nuevas tecnologías, y el tiempo de respuesta es «largo». Esta tardanza lo acaba «sufriendo la pequeña empresa». El abogado explicó algunas de las problemáticas que afectan a las redes sociales de Internet, como Facebook o Twitter. La gestión del Cloud Computing también tiene implicaciones legales, debiendo tener en cuenta «el mantenimiento del servicio, el almacenamiento de datos o cuál es tu proveedor del servicio». Pérez Marzabal concluyó que las implicaciones legales «deben tenerse en cuenta en la fase de diseño de sistemas».
Toni Puig, CEO de MailxMail e ingeniero técnico de informática, ofreció una aproximación «más práctica», la visión del empresario que, cuando quiere abrir un negocio, debe lidiar «con leyes mercantiles, laborales, fiscales y de protección de datos «. Su compañía hace un tratamiento intensivo de los datos de más de 7 millones de usuarios. «Esto puede suscitar problemas desde el punto de vista legal: si no eres escrupuloso con la protección de datos, te pueden cerrar una pyme». Puig se mostró especialmente crítico con la vocación sancionadora de esta ley, «que castiga igual a una compañía como Telefónica que a una empresa donde trabajan diez personas». El directivo de MailxMail destacó la importancia de identificar los activos de la compañía para saber cómo deben protegerse. «El riesgo 0 no existe, pero hay que minimizar riesgos con todos los procesos de la empresa que tienen que ver con el mundo exterior», puntualizó. Una manera de rebajar el peligro es «estando formado e informado sobre las leyes que pueden impactar en tu negocio». Esta formación afectaría especialmente a todos aquellos trabajadores que tienen que ver con Atención al Cliente o con los canales de entrada y salida de datos.
Nacho Alamillo, abogado y Vocal de Nuevas Tecnologías de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Tría Documental, es experto en asesoramiento sobre administración electrónica. Alamillo, que estudió Derecho cuando ya llevaba años trabajabando como programador, justificó la necesidad de que los informáticos entiendan sobre leyes, para acortar la distancia entre ellos y los juristas. «Se tienen miedo unos a otros, y creo que hay una falta de diálogo que hay que solucionar». Su labor profesional se basa en tratar de que estos dos mundos se entiendan». El experto en administración electrónica alabó la eficiencia de la actuación administrativa automatizada, un proyecto que permitirá que una máquina, adecuadamente programada, ejecute actuaciones legales, como emitir notificaciones o multas. «Supone un reto importante para ampliar las capacidades de realizar trámites de la administración, y requiere un nuevo tipo de competencia». Alamillo hizo un llamamiento para que los reguladores tengan una mayor comprensión hacia «las necesidades de las aplicaciones informáticas».
Dídac López, presidente de ATI, aprovechó su intervención para desvelar que la entidad firmará un convenio de asesoramiento en materia legal con la consultora mtnprojects.com.■